Reforma a la Ley Antilavado y Código Penal Federal (D.O.F. 17 de julio de 2025)

Nos permitimos informarles que el pasado 17 de julio, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, así como la reforma al artículo 400 Bis del Código Penal Federal. Nos encontramos frente a la reforma más ambiciosa desde la creación de la Ley Antilavado. Este cambio normativo redefine obligaciones clave para las actividades vulnerables y fortalece los riesgos de responsabilidad penal, tanto para personas físicas como morales. Entre los principales puntos destacan:

Reconfiguración conceptual clave: La reforma incorpora nuevas definiciones legales esenciales, incluyendo beneficiario controlador, cliente o usuario, desarrollo inmobiliario, Persona Políticamente Expuesta (PEP), Representante encargado de Cumplimiento, Riesgo y Unidad de Medida y Actualización (UMA), lo que implica ajustes inmediatos en manuales, registros y procesos internos.

Tipificación culposa: Ahora, las conductas previstas en la Ley Antilavado también podrán ser sancionadas cuando se cometan de forma culposa, eliminando el requisito de dolo e incrementando los riesgos de responsabilidad.

Obligación extendida de conservación documental: El plazo para conservar la información relacionada con actividades vulnerables se amplía de cinco a diez años, imponiendo mayores exigencias de resguardo y trazabilidad.

Capacitación formal y continua como obligación legal: La implementación de programas de formación anual para el personal y el oficial de cumplimiento ya no es una buena práctica: es una obligación exigible por ley.

Nueva facultad de suspensión de actos: La autoridad hacendaria podrá ordenar la suspensión de operaciones con ciertos usuarios o clientes vinculados a actividades vulnerables, generando implicaciones inmediatas en la relación comercial y operativa.

En la firma nos mantenemos a la vanguardia de los cambios legislativos más relevantes para nuestros clientes, y la reciente reforma a la Ley Antilavado representa el mayor ajuste normativo desde su publicación. Su impacto no es menor: redefine obligaciones, amplía facultades de la autoridad y modifica incluso los supuestos penales.